Antes de su asesinato, José Jesús Jiménez Gaona, fue designado com observador de las actuaciones de la Fiscalía de Veracruz, relacionadas con la investigación y búsqueda de personas desaparecidas en la región de Poza Rica, fungiría como una especie de auditor ciudadano para revisar cada uno de los casos de desaparición denunciados en esa zona, y en los cuales lo común es la mala integración de los expedientes, la decidía y la protección por medio de la impunidad de las autoridades ministeriales a los grupos que están administrando la desaparición como herramienta para expandir sus actividades.
Por Ignacio Carvajal García
Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo/BlogExpediente).– Micrófono en mano, José Jesús Jiménez Gaona se puso de pie en aquel salón del World Trade Center de Boca del Río que albergó la reunión entre autoridades del Gobierno federal, Fiscalía y colectivos de personas buscando a sus familiares desaparecidos en el estado de Veracruz.
Mujeres y hombres acostumbrados a oír lo peor, los integrantes de los colectivos de Orizaba, Xalapa y Veracruz escuchaban el drama de Jiménez Gaona.
Él habló de los 20 casos que ya tenía articulados para conformar un colectivo en Poza Rica, pues desde el 21 de mayo de 2011 su hija y tres amigos más desaparecieron en esa ciudad del norte de Veracruz después de regresar de una noche de diversión. Han pasado cuatro años –dijo– desde que su corazón resultó desgarrado por la ausencia de un ser querido sin que las autoridades le dieran una sola pista.
Desde entonces –siguió contando– ya no tenía vida, pues la ausente, Jenny Isabel Jiménez Vásquez, de 21 años, era la única hija y se la habían arrebatado. Tampoco tenía miedo. Sólo le aterraba por las noches el recuerdo de saber en dónde estaría durmiendo, tapada o a la intemperie; por las mañanas si ya había desayunado; a mediodía si se encontraba bien, alegre, enojada, contenta.
“¿Dónde estás?” se preguntaba mecánicamente casi con cada respiración.
Pero lo peor no era haber cursado un hecho violento, no en Poza Rica donde a diario matan, secuestran, decapitan e incineran cadáveres; lo peor para él y su esposa, Francisca Vázquez Mendoza, era la indolencia de las autoridades que, se supone, tenían que hacer su máximo esfuerzo para encontrar a Jenny del Carmen, a sus tres amigos y a los cientos de desaparecidos en el norte.
En cuatro años –siguió- no le habían hecho pruebas de ADN, no sabía dónde había quedado el expediente de su hija, apilado, extraviado con el resto de casos.
Un día iba a preguntar por avances de la investigación, y el Ministerio Público o su secretarias, comiendo en el escritorio o pegados al celular, lo regresaban, “no hay nada, jefe, venga en dos semanas a ver si ya hay novedades”.
O si de pronto le mostraban la carpeta de investigación, el caso estaba en cero, no habían llamado a declarar a nadie, no había sábana de llamadas, se carecía de estudios profesionales forenses, menos, claro, había alguna diligencia en torno a cámaras de vigilancia.
Los agentes ministeriales, si quería que se efectuara alguna pesquisa, pedían para la gasolina y la torta.
Todo lo relatado por Jiménez Gaona ante las autoridades, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), y Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal General del Estado de Veracruz, resultó un cubetazo de agua fría, pues en Poza Rica, desde mediados del 2015, el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa aplica un plan de seguridad después de haber suprimido a la policía intermunicipal, y sin embargo, abundan las quejas desde entonces por presuntos malos manejos de los elementos de la Fuerza Civil, de la municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública.
Sin embargo, muy desde antes, esa región veracruzana era asolada por el cártel de Los Zetas en una batalla por la plaza contra el Cártel del Golfo, y las constantes balaceras entre delincuentes, Ejército mexicano y autoridades; además, un alza notoria en secuestros.
Con todo eso, Poza Rica y los municipios vecinos (Papantla, Tihuatlán, Tuxpan, Álamo Tempache), se encontraban en una zona de silencio para las víctimas del delito. Un silencio que fue rasgado ese 15 de junio pasado por el testimonio de José de Jesús Jiménez Gaona en el WTC de Boca del Río, “quien se encontraba muy entusiasmado con su asistencia por primera vez a la reunión, tanto, que allí mismo rompió en llanto y no pudo seguir relatando, le dio la palabra a otro de sus compañeros”, dijo una madre presente en ese encuentro.
En la reunión "José Jesús y Francisca participaron por primera vez el pasado 15 de junio de 2016 como representantes de su colectivo en una reunión de diferentes colectivos de familias con funcionarios federales y estatales, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación federal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República y Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, señaló el Red Retoño en su comunicado posterior al asesinato del activista.
Ahí, José Jesús Jiménez fue designado como observador de las actuaciones de la Fiscalía estatal relacionadas con la investigación y búsqueda de personas desaparecidas en la región de Poza Rica, donde no se ha llevado a cabo estrategia alguna de atención a estos casos, dijo la red de activistas.
Posteriormente a esa junta, “José Jesús Jiménez fue designado como observador de las actuaciones de la Fiscalía estatal relacionadas con la investigación y búsqueda de personas desaparecidas en la región de Poza Rica, donde no se ha llevado a cabo estrategia alguna de atención a estos casos”, informó la organización no gubernamental “Red Retoños”, en un posicionamiento por el ataque a la pareja (la esposa sigue debatiéndose entre la vida y la muerte).
Es decir, el hoy finado fungiría como una especie de auditor ciudadano para revisar cada uno de los casos denunciados en esa zona, y en los cuales lo común es la mala integración de los expedientes, la decidía y la protección por medio de la impunidad de las autoridades ministeriales a los grupos que están administrando la desaparición como herramienta para expandir sus actividades.
Y si Javier Duarte de Ochoa anunció en Poza Rica “una sacudida al árbol”, los colectivos veracruzanos y de otros puntos del país estaban preparando una tormenta para azotar no sólo el árbol, sino el bosque completo con la revisión a los expedientes, apoyados por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Roberto Campa, el mismo funcionario que representó una esperanza en Tierra Blanca ante la incapacidad de las autoridades veracruzanas por los cinco chicos de Playa Vicente.
En este tenor, Juan Carlos Trujillo, de Familiares en Búsqueda María Herrera A.C., dijo vía telefónica estar seguro de que este ataque se relaciona con el temor de la delincuencia institucionalizada al arribo de buscadores de fosas clandestinas que dejen al descubierto sus fechorías, y este es un claro acto de intimidación.
Juan Carlos Trujillo guarda una historia de terror con Poza Rica: en septiembre de 2010, dos de sus hermanos, Gustavo y Luis Armando Trujillo Herrera, de 28 y 25 años, y dos familiares más, viajaban de su estado natal, Michoacán, a Vega de Ala Torre para comprar pedacería de oro, pues a eso se dedica su familia desde hace varios años; al llegar a Poza Rica, los paró un retén de la Policía Municipal. Desde entonces, nada se sabe de los cuatro, la carpeta 425/SEIDO no avanza.
La mamá de Juan Carlos Trujillo, María Elena Herrera, en 2012, durante Los Diálogos por la Paz organizados por el poeta Javier Sicilia con el Presidente Felipe Calderón, increpó al mandatario nacional por el paradero de sus hijos extraviados en suelo veracruzano, y sus palabras le dieron la vuelta al mundo.
“Este gobierno es incapaz de darnos justicia, todos los políticos, nosotros les pagamos sueldos, los hemos llevado a donde están, y les demandamos hoy que hagan su trabajo”, sentenció la madre con un grito que silenció a Calderón, cuyos argumentos se centraron en culpar a la delincuencia organizada que él tan afanosamente había combatido desde el primer día de su gobierno.
El que José de Jesús Jiménez Gaona hubiera llegado al movimiento Familiares en Búsqueda María Elena Herrera, representaba una luz para las personas que en el norte están huérfanas en la búsqueda, es decir, quienes carecen de un colectivo en donde encontrar apoyo, consejos, asesoría sobre cómo actuar ante las autoridades, y sobre todo, a hermanos en dolor que ayuden a sanar el corazón y a entender que muchas veces esas búsquedas se deben realizar en “muerte”, ya no en hospitales, cárceles, otras ciudades, etcétera, sino en fosas clandestinas, entre cadáveres, en los cerros, en el monte, en pozos que por lo regular son empleados para esconder muertos.
También representaba una gran esperanza para Juan Carlos Trujillo el contar con aliados en Poza Rica para iniciar la búsqueda para encontrar el paradero de sus hermanos ausentes desde diciembre del 2010.
En abril pasado, a propósito de la primer Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, desarrollada en Amatlán durante dos semanas, Juan Carlos Trujillo delineó en entrevista con BlogExpediente los objetivos de su movimiento:
“Juan Carlos asegura que ya no quiere justicia, ni saber quién se deshizo de sus hermanos y sus dos parientes en Veracruz. ‘Sólo quiero saber dónde están, Dios me ha enseñado a perdonarlos’.
-¿Qué quieres encontrar en Veracruz?
-Vengo a pedir ayuda para que encontremos la verdad, que encontremos a los corazones que no se ha podido. Hacemos llamado a la ciudadanía para que esta desgracia ya no avance más. No puedo estar recibiendo el problema en esas características, cuando seguimos acumulando casos. Yo les hablaría a los delincuentes, que cuando le hacen daño así a una persona, es a un núcleo familiar el que dañan. No hay como comprender desaparecer a una persona. Es algo que considero no debería existir. Pues Dios te da la resignación ante la muerte, pero ante esto, no hay quien lo soporte, en la Biblia no hay nada sobre un desaparecido, no se lo deseo a nadie.
-¿Qué es encontrar la verdad?
-Es saber qué pasó con nuestros familiares, no podemos seguir así, sin saber si viven, si comen, si sufren, si nosotros hoy sabemos que no estarán con nosotros, aceptaremos lo que Dios permitió que ocurriera, esa verdad nos hará libres, a ellos, y podrá ayudar a encontrar la paz a todas esas viejecitas que ningún daño le han hecho a nadie, pero son las que sufren y mueren en silencio”.
Después de esa brigada, que dio con fosas clandestinas y restos humanos que en un principio El Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras calificó como “restos de madera” y después se confirmó que eran tejido óseo, la fundación Familiares en búsqueda María Elena Herrera y la Brigada Nacional de Búsqueda recibió numerosas muestras de apoyo y adhesiones de personas buscando amparo, José de Jesús Jiménez Gaona, uno de ellos.
La AC preparaba el arribo a Poza Rica, y si el 15 de junio Jiménez Gaona salió de Veracruz a Poza Rica con el nombramiento de observador para fiscalizar los expedientes de desaparecidos en el norte, la esperanza sólo le duró siete días, ya que el día 22 recibió el ataque mortal en la colonia Ortiz Rubio de Poza Rica, precisamente, a unas horas de sostener una reunión con Campa y Bravo Contreras y los acompañantes del nuevo colectivo para Poza Rica, Familiares en Búsqueda María Helena Herrera, para definir y revisar los casos de personas ausentes. La reunión se realizó en un ambiente de tristeza y confusión, y en ella el Luis Ángel Bravo Contreras reconoció no contar con personal ni recursos para buscar a los denunciados como desaparecidos, contó Juan Carlos Trujillo.
José de Jesús Jiménez Gaona tenía previsto asistir a la próxima brigada de búsqueda de fosas clandestinas, agendada para mediados del mes próximo, en Amatlán de los Reyes. En ese encuentro se iba a entrenar física y emocionalmente para las búsquedas en Poza Rica. Le enseñarían ubicar puntos en la geografía en los cuales los delincuentes colocan sus fosas clandestinas o cocinas para deshacer personas en químicos o con combustible, aprendería a cavar, a emplear las varillas para buscar carne putrefacta bajo la tierra y a acopiar información anónima para establecer los parámetros de dónde sí y donde no buscar. Cuatro años tardó Jiménez Gaona en encontrar el amparo que le inyectara valor para salir a buscar a su hija y a los demás desaparecidos por sus propios medios, pese al miedo, amenazas y el desgaste económico, y sólo siete días, del 15 al 22 de junio, vivió al máximo, con la esperanza de haber encontrado un nuevo horizonte, redescubriendo emociones tan profundas y subterráneas ya en su ser, como la de poder encontrar por fin la verdad sobre el destino de Jenny Isabel Jiménez Vásquez.
